De
televisiones
Estamos en tiempo de televisiones. Ruiz
Gallardón ha anunciado que privatizará Telemadrid. Eso sí, él, muy considerado,
ha añadido que lo hará por subasta. Está claro que no piensa presentarse a las
próximas elecciones autonómicas y, por lo tanto, la televisión regional ya no
le es de utilidad política. Sin embargo, puede que ésta haya adquirido ahora
otro tipo de utilidad, como moneda de cambio. Hay que comenzar a pensar en la
salida y para prepararse una brillante, nada mejor que hacer un buen favor a un
grupo mediático amigo que más tarde sepa agradecer los servicios prestados.
¡Ah!, pero eso sí, por subasta. Lo de
subasta parece que lo arregla todo. Sirve hasta para que Zapatero dé su
aquiescencia, contradiciendo a los socialistas madrileños. La subasta hubiese
sido muy conveniente para adjudicar las licencias de telefonía móvil de tercera
generación, pero carece de interés en este caso, como no sea para pegar una
bofetada de paso al presidente del Gobierno. Puede ser que Gallardón no
necesite ya la televisión autonómica. Pero presiento que no le ocurre lo mismo
a su sucesor y a su partido.
Los políticos de derechas hablan siempre de
privatizar las televisiones cuando están en la oposición, pero sus ansias
privatizadoras decaen en esta materia en cuanto acceden al gobierno. Por eso
Gallardón, que no piensa permanecer en el gobierno, retorna a su antigua idea
de venta de Telemadrid. Y por eso el PP y el gobierno de la nación no están por
las privatizaciones, ni de las autonómicas, ni de las nacionales.
Las televisiones públicas constituyen un
instrumento esencial de propaganda. También las privadas; sólo que entonces ya
no las controla el Ejecutivo en su totalidad. Es esa utilización partidista del
poder la que causa en buena medida sus enormes pérdidas. Concretamente en
Televisión Española cada partido que accede al poder, (incluso cada facción que
domina en ese momento el partido) incorpora a sus adeptos, que son postergados
pero no despedidos, cuando viene un nuevo equipo directivo.
El gobierno de Aznar se encuentra una vez
más en una encrucijada. Por una parte se enfrenta a una televisión pública
enormemente endeudada y con cuantiosas pérdidas anuales. Pérdidas y
endeudamiento que hasta ahora por benevolencia de Bruselas no han figurado en
el déficit público. Paradojas de Maastricht y del plan de convergencia. La
decisión política de que el número de países que entrase al Euro fuese el mayor
posible ha obligado a la Comisión a abrir la mano y aplicar los criterios
contables con toda laxitud. Ahí radica el milagro del déficit cero de D. José
María Aznar. Pero, según pasa el tiempo, Bruselas intenta retornar a la
ortodoxia. El gobierno sabe que, antes o después, entre otros ajustes, se le
obligará a contabilizar en el déficit público las pérdidas de TVE. Por otra
parte, no está dispuesto a renunciar a este modelo de televisión pública que
tanta utilidad política le proporciona.
El gobierno ha optado por la taumaturgia. La
mayoría de los políticos cuando no saben que hacer proponen, o bien hacer una
auditoria o bien la modificación de la naturaleza jurídica del organismo en el
que se encuentran las dificultades. En este caso se pretenden las dos cosas a
la vez. Es una mentalidad mágica. Creen que por el simple hecho de cambiar de
Ministerio al ente público se va a solucionar el problema de su déficit. Y en
cuanto auditorias, sobran. Los males se conocen, lo que falta es valentía para
afrontar las soluciones.
Hacer depender de la SEPI a RTVE es, en
primer lugar, un engendro jurídico, pero es que, además no va a solucionar
absolutamente nada. La SEPI para lo único que ha servido ha sido para
privatizar empresas y falsear el déficit, canalizando los recursos de las
privatizaciones a enjugar las pérdidas de las sociedades estatales no rentables.
Nada que ver con lo que hay que hacer en RTVE.